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Se intensifica el debate y suman las posiciones encontradas ante el proyecto de ley “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior  y establece otras medidas de racionalización del gasto público”, más conocido como “proyecto Godoy”, actualmente en estudio en la Cámara Baja.

Luego de que fuera postergado el estudio de la propuesta por tres semanas, cinco comisiones asesoras se abocan a la discusión interna con el fin de concretar el dictamen correspondiente para guiar al plenario. Esta semana, los diputados de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación y Codificación, de Asuntos Económicos y Financieros, de Presupuesto y de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, escucharon los argumentos de los directores generales de las entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá, Ernst Bergen y Nicanor Duarte Frutos, respectivamente; el Ministro de Hacienda, Benigno López; el Ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Luis Alberto Villordo. Los mismos compartieron sus pareceres técnicos acerca del proyecto con los legisladores.

El ministro López aclaró en la reunión que el presupuesto de las entidades binacionales no forma parte del presupuesto general de gastos de la Nación. Agregó otros motivos por los que “el proyecto Godoy” no es viable.  “Son empresas binacionales que se rigen por sus tratados, somos condóminos, en igualdad de derechos y obligaciones, con los países que integran Itaipú  y Yacyreta”, refirió. Finalmente, dijo que veían con preocupación otros aspectos como la irretroactividad de la ley  y la prelación de leyes, que señala que un tratado es superior a una ley.

Los directores de las entidades binacionales coincidieron en que el redireccionamiento de un posible ahorro debe pasar por el Consejo de cada entidad. Explicaron también que un menor costo equivaldría a una baja en el precio de la tarifa final, lo que perjudicaría a nuestro país, atendiendo que, en ambos casos (Brasil y Argentina) consumen la mayor parte de la energía producida.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA) advirtió sobre los inconvenientes que puede acarrear la propuesta y la calificó de sofista. “El proyecto presenta muchas falencias, se instaló, pero es sofista, cambia mucho para no cambiar nada”. Agregó que no está de acuerdo con el proyecto y que debería tratarse dentro de un paquete general de la Reforma del Estado. Recordó que ya en administraciones pasadas se tuvo que pagar cifras varias veces millonarias por haberse cometido errores en el proceso de despido de varios empleados de Itaipú.

Sigue debate el lunes 11 de mayo

El próximo lunes 11 de mayo se  volverán a reunir las comisiones asesoras para escuchar y debatir, esta vez con representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fiscalía General del Estado, Banco Central del Paraguay (BCP)y de la Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) , según se previó.

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